
“El Banco de la Nación Argentina es un ente autárquico que cumple un rol preponderante como regulador del sistema financiero y como principal herramienta financiera de las argentinas y argentinos”.
“Con sus 739 sucursales a lo largo y ancho de la República Argentina, acompaña a todos los sectores productivos de nuestro país, como el campo, la industria, las pymes, comerciantes y monotributistas, así como también a jubilados, y a todas las familias argentinas, constituyéndose así en pilar fundamental del desarrollo económico, social y productivo de nuestra patria”.
“Hoy frente al peligro inminente que implica dejar al Estado Nacional sin su principal herramienta financiera, creemos indispensable la continuidad del Banco de la Nación Argentina bajo la órbita estatal, con los mismos principios y propósitos que guiaron su fundación, que expresa su carta orgánica y que lo mantienen vigente desde hace más de 132 años”.
Con estos tres párrafos, los empleados y referentes del gremio La Bancaria de esta institución solicitan firmas, ya que hay que juntar 1.5 millones para presentar un proyecto que dé por tierra con esta idea.
En Coronda, son unos 10 los trabajadores que si se llegase a privatizar el banco, bien podrían correr riesgo en cuanto a su continuidad laboral. Por eso, también desde la sucursal local, inaugurada el 19 de noviembre de 1915, buscan la adhesión de los clientes corondinos.
Los interesados simplemente deberán firmar la nota en rechazo a la privatización.

Es que pese al fracaso de la ley ómnibus, el Gobierno avanza en la privatización del Banco Nación, cuya capitalización podría rondar los u$s 25.000 millones. Daniel Tillard, titular del BNA, había adelantado en enero su posición privatizadora.
Según denunciaron desde el gremio La Bancaria, el asesor extraoficial del presidente Javier Milei, Federico Sturzenegger, tomó contacto con los directivos de la entidad pública para instruirlos sobre la transformación en una Sociedad Anónima.
Desde la Comisión Gremial Interna del BNA manifestaron su repudio «a la intromisión de este personaje ideólogo de la ley mamarracho que, arrogándose una representación que no posee y facultades que no le competen, atropella la voluntad de un parlamento que demostró que no hay consenso alguno para privatizar al Banco Nación».

En la misma línea se manifestó la economista y diputada de Unión por la Patria, Julia Strada, señaló que la ley ómnibus «se cayó pero el gobierno quiere avanzar igual en las privatizaciones». Además, afirmó que «el corazón del programa económico» del Poder Ejecutivo es «habilitarle negocios al sector privado», mientras que para la gente «Ley de la Selva en las góndolas y sálvese quien pueda».
Ante eso, Página 12 publicó que el Banco Nación habría contratado al estudio jurídico que encabeza Horacio Tomás Liendo, integrante del equipo de Domingo Cavallo en los 90, «para brindar asistencia jurídica integral en la preparación de la documentación legal correspondiente y necesaria para llevar adelante el proceso de reestructuración del Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima, ordenada en el DNU 70/2023». El pago de sus servicios se estima que alcanzará a 62.880.000 de pesos «cumpliendo los objetivos en 150 días», según señala en los considerandos la «resolución privativa de Directorio» a la que tuvo acceso este diario. Pero el contrato sería prorrogable.
En dicho documento se justifica la contratación externa «dada la necesidad de la institución de contar con asesoramiento jurídico especializado». En función de ello, señala que «se recibió con fecha 2 de febrero de 2024 la propuesta del Estudio Jurídico Liendo & Asociados Abogados SH; dicha propuesta plantea desarrollar diversas tareas cuyo resultado final será un proyecto de primer borrador de estatuto de la sociedad anónima en la que se transformará la actual Entidad Autárquica».

Como parte de esas tareas, incluye:
– Análisis del marco normativo de Bases para la Reconstrucción de la Economia argentina (DNU 70/23)
– Análisis de antecedentes de experiencias similares durante el proceso de reforma del Estado y Privatizaciones ocurrido en la década del 90;
– Análisis de transformación de otras entidades en S.A.;
-Interacción con autoridades de la entidad y del gobierno nacional con competencia en la cuestión (Ministerio de Economía, BCRA, etc).
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