EL DIPUTADO PALO OLIVER PIDIÓ INFORMES SOBRE DELITOS SEXUALES QUE INVOLUCRARÍAN A PERSONAL DEL ESTADO

El diputado provincial del Frente Amplio por la Soberanía, Fabián Palo Oliver, envió sendas notas al gobernador Maximiliano Pullaro y a la Fiscal General del MPA, Dra. María Cecilia Vranicich, con relación a dos denuncias que investiga el mencionado organismo.

La primera de las notas refiere a la denuncia realizada a mediados de diciembre de 2024, por una trabajadora, contra el Secretario de Participación Social del Ministerio de Salud.

En este sentido, el legislador solicitó que se le informe si se han tomado medidas de protección para la denunciante, atendiendo a la subordinación jerárquica que ésta tiene con relación al funcionario denunciado.

Asimismo, el diputado provincial expresa su preocupación por la falta de celeridad y la ausencia de información sobre los avances de la investigación, así como en otras con connotación sexual vinculados a personas con responsabilidad en las distintas órbitas del Estado.

En relación a esta denuncia y, luego de solicitar información sobre si se dispuso el acompañamiento por parte del Estado Provincial a la denunciante, el legislador agrega: “respetuosamente sugiero que el funcionario denunciado sea apartado de su cargo hasta tanto se resuelva su situación judicial, si es que tal medida no ha sido a la fecha dispuesta”

La otra nota dirigida a la Fiscal General, requiere información sobre la investigación realizada a partir de una denuncia por presunto abuso sexual cometido por un Comisario Supervisor de la policía de la provincia, con victimario y víctimas oriundos de Coronda.

Al respecto, el legislador pone nuevamente de manifiesto la lasitud y displicencia en la investigación, atendiendo a que la denuncia fue radicada el 28 de agosto de 2024 y que debieron transcurrir cinco meses entre este hecho y la convocatoria del denunciante para que amplíe su presentación.

Asimismo, solicita que se le informe sobre si se han tomado medidas para la protección de la integridad y de la salud del denunciante, y si se ha adoptado algún tipo de decisión con relación al funcionario denunciado.

Recordemos que de acuerdo a lo informado en primer lugar por el medio web Periódicas “los delitos habrían sido cometidos en la casa de la familia del policía en Coronda, entre 1996 y 1999, cuando el chico quedaba a cargo de su tía jubilada porque sus padres trabajaban. Con la salida de los mayores, ocurrían los abusos”.

La denuncia fue radicada el 28 de agosto en una comisaría de Rosario pero como los hechos ocurrieron en Coronda, pocos días después la causa fue trasladada a la fiscalía de esa localidad. Una vez allí, el Dr. Marcelo Nessier derivó nuevamente las actuaciones a la fiscalía de género de Santa Fe y por mail dio una justificación al denunciante: “Usted radica una denuncia contra una persona que, actualmente, es funcionario policial y que se desempeña en la órbita del departamento donde soy fiscal. Es decir, en pocas palabras, que el imputado trabaja conmigo y, por tanto, -por un deber de objetividad- para evitar planteos de su parte, entiendo que lo correcto es que intervenga otro fiscal que no trabaje con ese funcionario policial”.

Recién a mediados de enero, casi cinco meses después de la denuncia, el muchacho fue citado a declarar y le informaron que la investigación está a cargo del fiscal Matías Broggi de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas).

El joven denunciante explicó a Periódicas que, aunque está en Rosario desde hace 10 años, toda su infancia vivió en Coronda. Cuando sus padres iban a trabajar, a él y a su hermana mayor los dejaban a cargo de su tía, la mamá del policía denunciado. Cuando su tía tenía que salir a hacer mandados o por alguna urgencia, quedaban solos y allí ocurrían los abusos.

“Los abusos habrían comenzado cuando el denunciante tenía 10 años, en 1996. Luego de hacer la denuncia, él tomó conocimiento de que su hermana y otro primo suyo también fueron abusados por la misma persona”.

Siguiendo con lo expresado por Palo Oliver, manifiesta que están motivados por “la sensación generada por la lentitud y displicencia de otras investigaciones derivadas de denuncias de delitos con connotación sexual vinculados a personas con responsabilidad en las distintas órbitas del Estado”.

“Sin perjuicio de los tiempos que pueda demandar la actividad investigativa, y de los debidos resguardos necesarios en relación a los datos sensibles de las víctimas, entiendo necesario que cuando los procesos involucran a funcionarios públicos, las investigaciones deben ganar en celeridad y publicidad, evitando por todos los medios el secretismo. De esta forma se concretan los principios republicanos y el cumplimiento de la misión y los objetivos del Ministerio Público de la Acusación” indicó el legislador.

Además tengamos en cuenta que en el Servicio Penitenciario ha habido casos de este tipo, al menos dos en el último tiempo, en los cuales si bien la Justicia actuó, dentro del ámbito administrativo no hubo ni llamados de atención, ni sumarios internos y mucho menos pases a disponibilidad de los acusados, uno por un hecho y dos por otro, todos jefes denunciados por subordinadas.