PRESENCIA DE FUERZAS FEDERALES, MÁS DETENCIONES Y MUCHO POR ACLARAR EN RELACIÓN CON UNA INVESTIGACIÓN SOBRE TORTURAS EN LOS AÑOS 70 EN LA CÁRCEL DE CORONDA

El 11 de mayo de 2018 el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, constituido por María Ivón Vella, Luciano Homero Lauría y José María Escobar Cello, dictó la sentencia que condenó a Juan Ángel Domínguez a la pena de 17 años y a Adolfo Kushidonchi, a 22 años de prisión. Los dos ex Comandantes Generales de Gendarmería Nacional revistaron el cargo de Directores de la Cárcel de Coronda entre 1977 y 1979 lo mismo que Octavio Zirone, quien murió durante la investigación.

A través de las audiencias orales y públicas que se desarrollaron desde el comienzo de este juicio el 14 de diciembre de 2017 transitaron más de 90 testigos, se juzgaron 39 casos de tormentos agravados y las muertes de Luis Alberto Hormaeche y Raúl Manuel San Martín, ocurridas en la Cárcel de Coronda.

Lucila Puyol y Guillermo Munné actuaron como abogados querellantes, patrocinando a la Asociación Civil El Periscopio, la cual nuclea a ex presos políticos de la Cárcel de Coronda. La representación del Ministerio Público estuvo a cargo del Fiscal Martín Suárez Faisal.

Aquel juicio que traemos a colación y sus resabios son lo que han generado desde el domingo hasta este miércoles al menos –y quizás con continuidad- la llegada de efectivos de la Policía Federal a Coronda para practicar allanamientos y detenciones en el marco de una investigación que lleva adelante el juez Reynaldo Rodríguez por supuestos delitos de lesa humanidad desprendidos de aquel juicio.

Es que durante las declaraciones que brindaban los testigos para finalmente condenar exclusivamente a estos dos jerarcas de Gendarmería, los ex presos políticos dieron en sus respectivas presentaciones, nombres, apodos y o apellidos de guardiacárceles a los que de alguna manera más o menos directa, involucraban como parte del sistema de «tormentos agravados» practicados en la Unidad 1 en esa época.

«El juicio logró probar con grado de certeza» que el penal de Coronda operó «por orden de los altos mandos» del II Cuerpo de Ejército como un «verdadero campo de concentración» por el que pasaron más de mil presos políticos de la zona Litoral, pero también como «campo de exterminio» de los perseguidos, planteó el fiscal Suárez Faisal que lleva adelante ahora nuevamente la investigación pero se excusó por el momento de dar datos aunque no negó de ninguna manera que se estén llevando a cabo actuaciones. Suárez Faisal encabeza la Unidad Especial de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Santa Fe junto al Dr. Nicolás Sacco.

Durante aquellas audiencias de hace 6 años explicaba que decía «campo de exterminio» porque Hormaeche y San Martín «murieron como consecuencia de los tormentos sufridos» en la cárcel, los dos casos que se investigaron en el proceso. Pero hubo otros muertos «en iguales circunstancias»: Juan Carlos Voisard («dentro del penal», que se investiga en otra causa), Daniel Gorosito («en un traslado simulado» a Rosario) y Raúl Cominotto («ahorcado» en la cárcel de La Plata). Más, «los que «sufrieron y sufren, incluso después de recobrada la democracia y hasta la actualidad, las consecuencias físicas y psicológicas del plan de exterminio orquestado por la dictadura en la cárcel de Coronda», agregaba entonces el fiscal federal.

El dato concreto que nos trae al presente nuevamente con este tema es que en 2018 los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné –hoy no querellan en esta causa- solicitaron al Tribunal Oral de Santa Fe que ordene investigar a treinta denunciados más, durante el juicio a los ex jefes de la cárcel de Coronda Adolfo Kushidonchi y Juan Ángel Domínguez, entre ellos 23 agentes del Servicio Penitenciario de la provincia, dos médicos –al menos uno, corondino- y un enfermero, a dos alférez y a efectivos de la Gendarmería Nacional y a dos ex jueces federales más tres ex agentes secretos de Ejército que actuaron como Personal Civil de Inteligencia (PCI).

En aquel momento no se amplió la investigación pero sobre esa lista que fue publicada incluso por varios medios de comunicación, en la que figuraban varios ex guardiacárceles oriundos de Coronda y personal de salud, comenzó a trabajar Suárez Faisal, esto confirmado por fuentes allegadas a los denunciantes, ordenando pericias, allanamientos, detenciones y toma de declaraciones.

Esto se fue concretando desde el domingo, con la detención en Coronda primero de un ex jefe gendarme por parte de efectivos federales, la orden de que se le tome declaración y la posibilidad de mantenerse en su domicilio por tener a cargo a su mujer y a un hijo con discapacidad.

Además, entre martes y miércoles hubo procedimientos en varias casas corondinas, y en los casos puntuales a los que tuvo acceso nuestro medio se detuvo a un personal de salud que estaría viviendo en Gálvez, y a dos ex guardias corondinos, octogenarios ya, todos quienes fueron alojados en dependencias de la Policía Federal de la ciudad de Santa Fe durante al menos 10 días hasta que se expida el juez sobre su situación procesal positiva o negativa.

Tampoco debemos descartar que haya habido hasta el momento más detenciones en similares circunstancias dentro del casco urbano corondino.

El tema del personal de salud investigado quedó reflejado en aquel juicio de 2018:  sacaban a los presos políticos de las celdas, los torturaban en las «comisarías de Santa Fe, en la 1ª o la 4ª, donde quedaban alojados varios días hasta que se recuperaran de las heridas». Y cuando volvían a Coronda, «los médicos dejaban constancia» del regreso con la sigla «S/N» (sin novedad). Suárez Faisal recordó que uno de los detenidos relató en el juicio que se había quejado ante un médico por las torturas en la 4ª, y éste le contestó: «Te caíste de la cama, pelotudo».

El hermetismo existente en esta causa, al menos por ahora, deja abierto un gran interrogante: ¿Cómo probar que estos 23 “soldados rasos” o guardiacárceles fueron culpables de uno o más “tormentos agravados” y o “delitos de lesa humanidad” contra los ex presos políticos que los nombraron, si en aquel momento no había cámaras y hoy no habría otra manera de acertar en la acusación más que con los testimonios de las víctimas y quizás alguna confesión de parte que releve la prueba? Recordemos en estos nuevos casos al menos, el principio de inocencia. Salvo que el juez tenga un as en la manga y no lo haya comunicado como muchas cosas más que no informó aún.  

Mucha gente vio en estos días cómo sacaban a estos ex empleados, hoy entre 77 y 82 años, de sus casas, donde cuidaban pese a su edad a otros familiares, con la cabeza tapada y esposados. Una escena que podría seguir repitiéndose en esta semana u otras… Por eso, esperamos las explicaciones del caso para echar un poco de luz a un tema que tiene muchos años de ocurrido y seguramente más tela para cortar con dos contextos contrapuestos: por un lado el derecho a la verdad y a la justicia de los mil y pico de ciudadanos que fueron presos por sus militancias políticas, estudiantiles y o gremiales y por el otro, el pensamiento colectivo público mayoritario conocido en Coronda de repudio a todo aquel que sea llamado “preso”, en la circunstancia que sea y a los que los defiendan y más si accionan desde la izquierda. Recuérdese por ejemplo el repudio que en las redes sociales generó la colocación del cartel que ilustra esta noticia.

Esta es entonces la segunda parte de una historia tan particular como la cárcel misma, que lleva el nombre de alguien que desapareció hace 47 años y nunca más se lo volvió a ver: César Tabares.